Algunas plantas procesadoras de productos del mar de Alaska están considerando posibles reducciones de su personal, en vista de las propuestas para cambiar la estructura del salario mínimo del estado.
Esta iniciativa de ley -que el presidente Obama y los demócratas han tratado de impulsar, sin éxito, a nivel federal- obtuvo el voto de apoyo en Alaska, Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur, informó el The Fiscal Times.
Pero los empresarios del sector pesquero no celebran esta iniciativa.
En Alaska, donde la industria pesquera emplea el mayor número de trabajadores de bajos salarios en el estado, las compañías ya se están preparando para la eventualidad de tener que recortar puestos de trabajo, anticipándose a la nueva ley.
"Tendremos personas que, a medida que se retiren de la industria, no serán reemplazadas", comenta Don Goodfellow, gerente de planta de Alyeska Seafoods, una subsidiaria del grupo japonés Maruha Nichiro. "La maquinaria reemplazará a una gran cantidad de esos puestos de trabajo", agregó el ejecutivo en declaraciones a KUCB Unalaska.
Por su parte, el gerente de recursos humanos de UniSea, la mayor empresa de procesamiento de la ciudad de Unalaska, estima que la aplicación de los aumentos salariales establecidos en la iniciativa recién votada supondrían un costo de hasta USD 3,5 millones. Esta situación podría obligar a la compañía a recortar algunos puestos de trabajo.
El aumento del salario mínimo ha sido tradicionalmente un tema polémico debido a la forma en que podría afectar a las empresas y a los consumidores. Los opositores, que por lo general son las compañías más pequeñas y las que emplean en su mayor parte a trabajadores con ingresos bajos, argumenten que no pueden pagar los costos adicionales que conllevarían salarios más altos.
"Cabría esperar que impacte en las empresas más pequeñas que tienen menos capacidad de absorber un choque a su sistema", explica el abogado laboral Brett Coburn.
Con todo, los expertos no han encontrado ninguna evidencia histórica de que los aumentos de salario mínimo en realidad causen una pérdida sustancial de empleo.
A principios de este año, el Centro de Investigación Económica y Política estudió los 13 estados que habían aumentado sus salarios mínimos para analizar si habían experimentado una disminución de puestos de trabajo y concluyó que esto no sucedió.
Muchas empresas que antes se oponían a aumentar el salario mínimo ahora lo ven como inevitable, sobre todo porque el costo de vida aumenta en todo el país.
A principios de este mes, Kip Tindell, presidente entrante de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), quien durante mucho tiempo se opuso a los aumentos del salario mínimo, ahora dice que está trabajando "para lograr que la NRF modere su opinión al respecto".
No obstante, Coburn reconoció que una gran cantidad de compañías han estado ajustando sus modelos de negocio y es probable que haya algunos despidos, así como también costos transferidos a los consumidores.