La resolución de este conflicto no requeriria nuevas leyes ni debates prolongados

Citan al Ministro de Relaciones Exteriores a la Cámara de Diputados por la pesca y soberanía en Malvinas

ARGENTINA
Friday, September 11, 2026, 00:10 (GMT + 9)

Citación parlamentaria por la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el Atlántico Sur reabre el debate sobre la aplicación de las leyes vigentes y el escenario geopolítico global.

El diputado nacional Nicolás Alfredo Trotta, quien ejerció como ministro de Educación entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, hizo público un proyecto de resolución solicitando la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en la Cámara de Diputados de la Nación. La convocatoria busca explicitar la agenda sancionatoria del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la explotación no autorizada de recursos naturales en los espacios insulares y marítimos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Según la opinión de algunos expertos internacionales, resulta llamativo que la iniciativa omita señalar que durante el gobierno de Alberto Fernández no se investigó ni aplicó efectivamente el marco regulatorio vigente, contemplado en la Ley 23.968 (Espacios Marítimos), la Ley 24.543 (CONVEMAR), la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) y sus modificatorias, la Ley 26.386 y la Ley 27.564.

Especialistas en la materia señalan que otro punto clave que se suele omitir en estos planteos, al mencionar la "explotación no autorizada de recursos naturales en los espacios insulares y marítimos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur", es que la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur se encuentra bajo la administración pesquera de la CCAMLR (Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos). Cabe destacar que Argentina es miembro fundador de este organismo y mantiene allí un embajador permanente, en cuyo caso la pesca allí es "regulada con consentimiento argentino".

Esta situación evidencia cómo un asunto de alta relevancia política y estratégica internacional vuelve a quedar atrapado en la interna política argentina, donde distintos sectores buscan rédito partidario en lugar de resolver los problemas de fondo. Para abordar la problemática no se requiere la sanción de nuevos marcos legales ni discusiones parlamentarias dilatadas. La solución radica en la aplicación rigurosa de las normas vigentes, las cuales han sido ignoradas o utilizadas por sucesivas administraciones para posicionarse como iniciadoras de etapas soberanas sobre un desmanejo continuado desde hace décadas.

Más allá de las disputas domésticas, el Atlántico Sur se consolida como el escenario de una disputa geopolítica de escala global con la participación directa o indirecta de Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y la Unión Europea. Mientras la República Argentina busca estructurar su estrategia energética basada en proyectos hidrocarburíferos continentales y offshore, el gobierno Territorio Británico de Ultramar de las Falkland Islands (Islas Malvinas) impulsa un esquema similar mediante el desarrollo del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Este proyecto cuenta con la participación de la empresa israelí Navitas Petroleum LP —tenedora del 65% de la iniciativa— y la británica Rockhopper Exploration Plc, operando bajo una logística compleja e inversiones alineadas con los intereses estratégicos anglo-israelíes y estadounidenses, exacerbados por recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revisión de posturas históricas de su país en materia de soberanía.

En el ámbito pesquero, las presiones internacionales y los eventuales cambios en la fiscalización argentina podrían desencadenar severas consecuencias operativas e internacionales, impactando de forma directa en el combate contra la pesca Indocumentada, No Reglamentada y No Declarada (INDNR) en aguas internacionales adyacentes.

Resumen del proyecto de resolución presentado en el Congreso

El proyecto formulado por el diputado Nicolás Alfredo Trotta exige la citación del canciller Pablo Quirno en los términos del artículo 71° de la Constitución Nacional para dar detalles sobre la implementación del Decreto N° 868/2026, dictado el 3 de septiembre de 2026, el cual designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley N° 26.659 (Ley Pino Solanas). Asimismo, la medida insta a la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación a invitar al procurador general interino, Eduardo Casal, para exponer las acciones penales dispuestas contra empresas que financien o exploten recursos en el Atlántico Sur.

La iniciativa legislativa requiere formalmente al Poder Ejecutivo Nacional ampliar las sanciones y acciones legales a la actividad pesquera no autorizada. Según datos expuestos en el documento, basados en las estadísticas oficiales del gobierno del Territorio Británico de Ultramar Británico correspondientes al año 2024 (Fishery Statistics, volumen 29), se otorgaron 201 licencias de pesca ilegales*: 37 a buques de bandera española, 58 a buques de bandera de Malvinas (en su mayoría en joint ventures con empresas gallegas), 28 a buques de Corea del Sur, 76 a Taiwán y 2 a Vanuatu.

Estudios citados en los fundamentos estiman que la extracción pesquera no autorizada en la zona promedia las 250.000 toneladas anuales. Desde 1976 a la fecha, se calcula una captura acumulada de 12,5 millones de toneladas de productos marinos, con una valoración económica estimada en 50.000 millones de dólares.

Entre las medidas solicitadas al Poder Ejecutivo se destacan:

• Exigir la caducidad automática de cuotas y autorizaciones de captura concedidas por el Consejo Federal Pesquero a armadores o empresas vinculadas a buques que operen con licencias británicas en las islas.

• Desplegar gestiones diplomáticas urgentes ante el Reino de España para que sus empresas y buques cesen la explotación de recursos en la plataforma continental argentina, invocando el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad de 1863.

• Requerir a los países limítrofes la denegación del uso de puertos y aeropuertos para el reabastecimiento de buques y aeronaves que presten apoyo logístico a las actividades extractivas en las islas, salvo en emergencias sanitarias.

• Iniciar gestiones diplomáticas ante el Estado de Israel por la participación de Navitas Petroleum LP en el proyecto Sea Lion, cuya decisión final de inversión fue adoptada en diciembre de 2025.

• Convocar a las naciones de América del Sur y África Occidental en el marco de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).

. La calificación de "pesca ilegal" responde a la postura jurídica de la República Argentina, que no reconoce las autorizaciones emitidas sobre su plataforma continental reclamada. No obstante, para las empresas y armadores pesqueros internacionales, la actividad es considerada legal y legítima, ya que operan bajo licencias formales otorgadas por la administración local de las Islas Malvinas, sujetas a estrictos controles de fiscalización, cuotas de conservación y elevados estándares de sostenibilidad ambiental.

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