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Foto: Archivo/FIS
Consejo Federal Pesquero de Argentina Bajo Investigación por Presuntos Sobornos en Cuotas de Pesca; Se Vislumbra Corrupción Sistémica
ARGENTINA
Tuesday, June 10, 2025, 00:10 (GMT + 9)
Una importante empresa pesquera ha presentado una denuncia penal contra miembros del Consejo Federal Pesquero (CFP) de Argentina, alegando pagos ilícitos para asegurar cuotas de pesca y crear un oligopolio. Las demandas arrojan luz sobre profundas preocupaciones acerca de la transparencia y la competencia justa, con algunos observadores que sugieren una red sistémica de presunta corrupción.
 BUENOS AIRES – El Consejo Federal Pesquero (CFP) de Argentina, organismo encargado de gestionar las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) en aguas argentinas, se encuentra ahora bajo investigación penal. El estudio jurídico Burlando & Tiberio, en representación del empresario Liu Zhijiang, presidente de PRODESUR SA, ha presentado una denuncia ante los Tribunales Federales de Comodoro Py.
PRODESUR acusa a los miembros del CFP de haber, presuntamente, recibido coimas para dictar la Resolución CFP N° 15/24, que excluyó a PRODESUR del reparto de cuotas de Merluza Negra para el período 2025–2039, según informó Nelson Saldivia en Parte de Pesca. Los denunciantes argumentan que esta decisión generó injustamente un oligopolio que benefició a ciertas empresas, a pesar de que otras, como PRODESUR, contaban con igual o mayor capacidad operativa y cumplían todos los requisitos legales, incluyendo un permiso de pesca actualizado y un desempeño histórico.
Alegaciones de Prácticas Injustas y Formación de Oligopolio
 El marco normativo del CFP, sustentado en la Ley 24.922 y el Decreto 748/99, establece que las cuotas de pesca son concesiones estatales destinadas a la explotación sostenible de los recursos y, en teoría, deberían distribuirse mediante un procedimiento de oferta pública para evitar concentraciones monopólicas. PRODESUR sostiene que las acciones del CFP violaron estos principios y el Artículo 16 de la Constitución Nacional (igualdad).
<-- El buque factoria 'Tai An' de Prodesur, sin su cuota de merluza negra, queda en una situacion totalmente en desventaja.
La exclusión específica de PRODESUR y la asignación de cuotas de Merluza Negra principalmente a empresas como ARGENOVA SA, ESTREMAR SA/SAN ARAWA SA y EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA SA, han generado un fuerte escrutinio. Además, la cuota de Merluza Polaca de PRODESUR fue, según informes, reducida mediante la Resolución CFP 3/24, lo que la habría puesto en desventaja.
En marzo de 2024, el barco procesador Tai An fue multado por capturar merluza negra patagónica de tamaño inferior al permitido y por la pesca no autorizada de la especie.
Ampliación de la Investigación y Acusaciones Legales
La denuncia penal de Liu Zhijiang, a través de su patrocinio letrado, fue presentada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3. La causa se ha unificado desde entonces con otra denuncia similar radicada por Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense. La denuncia de Pulti también alega presuntos pedidos de coimas por parte de funcionarios y empresarios para asegurar el reparto de cuotas antes del vencimiento del régimen general de CITC el 31 de diciembre de 2024.
 Las acusaciones incluyen cohecho activo y pasivo (Artículo 256 CP) por supuestamente recibir sumas en dólares estadounidenses para favorecer a determinadas empresas, e incumplimiento de los deberes del funcionario público (Artículo 248 CP) por dictar un acto administrativo contrario a derecho, violando principios de igualdad y publicidad, y promoviendo un monopolio de hecho.
Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense -->
Preocupaciones Sistémicas dentro del Consejo Pesquero
Más allá de las denuncias legales inmediatas, fuentes bien informadas dentro del sector sugieren un problema más profundo y sistémico dentro del Consejo Federal Pesquero. Por primera vez, se habla públicamente de Darío Baroli y su histórica conexión con los manejos económicos "informales" del CFP. Las mismas fuentes indican que decisiones importantes relacionadas con licencias, modificaciones de cuotas y "arreglos" siempre habrían pasado por la misma "puerta trasera".
También se han planteado preocupaciones de que, a pesar del cambio de administración, con el Subsecretario Antonio Lopez Cazorla en funciones bajo el actual gobierno de Milei, las presuntas "negociaciones" y la distribución de dinero obtenido de forma ilícita han persistido. Estas fuentes afirman que esquemas similares también fueron llevados a cabo por subsecretarios de gobiernos anteriores, a menudo involucrando a abogados —algunos de ellos exfuncionarios— que supuestamente "asesoran" a las empresas, pero que en realidad estarían a cargo de negociar el valor económico de lo que el armador necesita.
Las demandas penales en curso plantean la pregunta de si toda esta presunta red de corrupción, que algunos observadores afirman forma parte de los estándares operativos del Consejo Federal Pesquero, finalmente saldrá a la luz. O, si estos desafíos legales actuales representarán simplemente "otra ronda de negociaciones", permitiendo que el sistema arraigado continúe como hasta ahora. El proceso judicial en Comodoro Py continúa, y las autoridades judiciales se espera que definan los próximos pasos, incluyendo posibles imputaciones.
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