El proyecto de reforma fiscal del Gobierno surcoreano pone a prueba el alcance del Acuerdo sobre Subsidios a la Pesca en medio de crecientes críticas por la brecha normativa en el comercio multilateral
El Gobierno de Corea del Sur ha planteado la prórroga por tres años de las medidas de apoyo al combustible utilizado por el sector pesquero, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, al tiempo que propone convertir en permanentes determinados beneficios fiscales aplicados a pescadores y corporaciones del sector. La iniciativa se enmarca en el proyecto de Reforma Fiscal de 2026, anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 3 de agosto de 2026 y ratificado en sus líneas sectoriales por el Ministerio de Océanos y Pesca el 7 de agosto de 2026.
La medida busca mitigar el impacto de los elevados costes operativos sobre la flota surcoreana, de manera particular en el segmento de pesca a distancia. Buques dedicados a la captura de especies de alto valor comercial como el atún (Thunnus) y el calamar (Teuthida) registran en el consumo de carburante uno de sus principales costes de explotación, por lo que la extensión tributaria ofrece mayor previsibilidad en la planificación de las campañas en alta mar, las rutas marítimas y los calendarios de retorno a puerto.
La tensión entre la adhesión a la OMC y las subvenciones al combustible
El anuncio surcoreano pone de manifiesto la aparente contradicción entre las políticas nacionales de apoyo al sector pesquero y los compromisos multilaterales asumidos por el país. Corea del Sur ratificó formalmente el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Subsidios a la Pesca el 23 de octubre de 2023, siendo una de las potencias pesqueras que depositó su instrumento de aceptación para hacer posible la entrada en vigor de este tratado marco a nivel global en septiembre de 2025.
Sin embargo, la continuidad de los beneficios fiscales al carburante revela las limitaciones de la primera fase del tratado internacional. Mientras la opinión pública y diversas organizaciones ecologistas perciben las subvenciones al combustible como un incentivo directo que promueve el exceso de capacidad extractiva, la normativa vigente de la OMC prohíbe de manera estricta únicamente los subsidios destinados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la captura de poblaciones sobreexplotadas y la actividad en aguas no reguladas de alta mar.
Al no haberse cerrado todavía la segunda etapa de negociaciones multilaterales (OMC Pesca II), la cual busca prohibir específicamente las ayudas que generan sobrecapacidad y sobrepesca global, los incentivos fiscales al combustible siguen categorizados técnicamente como subsidios no específicos. Esta brecha legal permite a Corea del Sur mantener este esquema de auxilio operativo sin incurrir formalmente en una infracción directa del texto multilateral en vigor.
Buque potero coreano pescando calamar Illex en el atlantico Sudoccidental. Video: Comité de Pesca del Calamar del Atlántico Sudoccidental -->
Impacto en la flota y tramitación legislativa
El plan fiscal planteado en Seúl no establece nuevas cuotas de captura ni modifica los reglamentos normativos vigentes para el atún o el calamar. Asimismo, el proyecto no contempla incentivos directos para la acuicultura de macroalgas ni para la producción de nori (Pyropia), aunque se prevén impactos indirectos favorables en la cadena logística y en empresas con operaciones pesqueras diversificadas.
Hasta la fecha, el Ministerio de Océanos y Pesca no ha divulgado estimaciones oficiales sobre el ahorro medio proyectado por buque ni la nómina detallada de los beneficiarios. La propuesta deberá ser debatida y tramitada en la Asamblea Nacional de Corea del Sur para su posterior promulgación, instancia en la que se definirán las normas definitivas de aplicación y los mecanismos de fiscalización sobre la flota distante.