Según Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos, algunos armadores estarían considerando irse del país. (Foto: Stock File)
Medidas cautelares inquietan a armadores españoles
URUGUAY
Wednesday, August 18, 2010, 02:30 (GMT + 9)
Autoridades portuarias uruguayas dicen haber recibido advertencias de armadores españoles sobre la posibilidad de que dejen de operar en el país, preocupados por una situación que se viene repitiendo en Montevideo cuando sus buques llegan al puerto. Las empresas denuncian que los marineros de Perú se bajan de sus barcos y presentan reclamos ante la Justicia uruguaya por el pago de horas extras y otras demandas laborales.
Como consecuencia, los barcos son obligados a permanecer en la terminal portuaria mientras se resuelve la cuestión judicial.
En este momento, cinco barcos pesqueros españoles que operan en Uruguay no pueden zarpar del puerto de Montevideo por embargos que pesan sobre las empresas armadoras, ordenados por reclamos de tripulantes peruanos, informó el diario El País.
En general, la medida cautelar de prohibir la zarpada de la embarcación es por el total del monto del reclamo, que suele ascender a entre USD 100.000 y USD 350.000.
De acuerdo con la consultora CPA Ferrere, en cuanto se prohíbe al buque zarpar, “el abogado patrocinante negocia para transar y obtener rápidamente un dinero bastante inferior al monto reclamado”.
En el informe elaborado por la consultora a pedido de algunas agencias marítimas se detalla que los empresarios se ven obligados a negociar bajo la presión de que el barco no puede salir del país.
Además, terminan pagando una suma del orden del 10% de lo reclamado.
"Estas medidas cautelares no guardan ningún tipo de razonabilidad” y “se trata de un abuso de la medida cautelar para extorsionar de forma indebida a las empresas armadoras”, añade el reporte de Ferrere.
También advierte que la retención de las embarcaciones “genera perjuicios para la economía del país”.
En tanto, Verónica Raffo, integrante de la consultora, adelantó que el conflicto se presentará ante el Gobierno con el fin de encontrar una solución legislativa.
Las compañías navieras estiman que un barco de gran porte, que puede pescar hasta 60 toneladas diarias, pierde entre USD 100.000 y USD 150.000 por día.
A esto se suma el costo del permiso de pesca que no pueden utilizar y los gastos que genera el barco detenido (tripulación, combustible de los generadores, arancel del muelle, etc.), que suman varios miles de dólares más.
Por otra parte, el puerto uruguayo deja de vender combustible por USD 8.000, ya que los buques no salen al mar a pescar.
“Estamos intentando promover nuestras instalaciones portuarias para pesqueros internacionales. Queremos la pesca, queremos demostrar que vamos a tener instalaciones exclusivas para la pesca, pero justo nos pasa esto”, dijo con pesar el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz.
Mario Baubeta, presidente del Centro de Navegación, opina que se necesita “una solución legal” porque “la legislación uruguaya no debería tener nada que ver con problemas entre España y Perú”.
Y advirtió que existen pesqueros que ya están descargando en Malvinas para evitar hacerlo en Montevideo.
Por Analia Murias
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